COLOMBIA, Junio 30 de 2026. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el Decreto 652 de 2026 que establece las condiciones para que los comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) puedan cumplir con las sanciones restaurativas impuestas por esta jurisdicción. El decreto consolida un marco jurídico que garantiza las condiciones mínimas necesarias en aspectos como afiliación a servicios de salud, protección contra riesgos, habitabilidad y seguridad, fundamentales para que los comparecientes materialicen efectivamente las sentencias que les han sido asignadas. Respecto a la salud y la seguridad social, la norma adapta las disposiciones vigentes para que los comparecientes puedan mantener su afiliación al sistema de salud bajo los diferentes regímenes, sin que esto implique establecer una relación laboral o contractual. En materia de protección contra riesgos, el decreto también garantiza la cobertura adecuada durante la ejecución de los proyectos restaurativos. Adicionalmente, la entidad responsable de vincular a los comparecientes debe asegurar la capacitación necesaria y proporcionar los recursos materiales indispensables, como herramientas e implementos de seguridad, para el cumplimiento de las actividades vinculadas a dichos proyectos. En cuanto a habitabilidad, el decreto establece que quienes asuman la responsabilidad de los proyectos restaurativos deben garantizar alimentación adecuada, facilitar espacios adecuados para habitar y proveer los traslados necesarios para quienes deban desplazarse de su lugar de residencia habitual para cumplir con sus sanciones. Todo esto se coordinará directamente con la JEP. En materia de seguridad para los comparecientes y las comunidades receptoras, la norma contempla que el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección, las autoridades territoriales y otras entidades competentes, en coordinación con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, adecuarán los protocolos de seguridad pertinentes. Estos protocolos se articularán con los Consejos de Seguridad municipal y departamental o con los Comités Territoriales de Justicia Transicional, según corresponda. Como estrategia complementaria, el decreto contempla la posibilidad de efectuar campañas pedagógicas en las comunidades receptoras antes de iniciar los proyectos restaurativos, con el fin de generar confianza y mitigar posibles riesgos en materia de seguridad. Estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades públicas de la rama ejecutiva, tanto a nivel central como descentralizado, así como para entidades territoriales, organizaciones privadas, organismos multilaterales y de cooperación, entidades sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales que voluntariamente participen en estos proyectos. El Decreto 652 de 2026 se elaboró en cumplimiento del artículo 204 del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’, que estipula la necesidad de crear condiciones jurídicas claras para el cumplimiento efectivo de las sanciones impuestas por la JEP. Su construcción estuvo liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el apoyo de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP) y la articulación de diversas entidades públicas, en el marco de la Instancia de Articulación Gobierno-JEP-UBPD. Redacción ColombiNews Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiNews. Navegación de entradas Mipofaamcol alerta sobre el riesgo de pérdida de soberanía en Colombia: “La soberanía no se vende, se defiende” Nueva ley laboral en Colombia protege el salario de padres y madres durante tiempo dedicado a sus hijos
