COLOMBIA, Julio 7 de 2026. Una grave denuncia ha surgido contra escoltas que hacen parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según un video difundido en redes sociales, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) acusó a estos agentes de vender información sobre sus protegidos a este mismo grupo armado ilegal, así como al Clan del Golfo y a las disidencias de las Farc.

El video, de aproximadamente seis segundos, fue publicado el lunes 6 de julio de 2026 y se viralizó rápidamente. En él, un vocero del ELN advierte sobre esta presunta práctica que comprometería la seguridad de líderes sociales y reincorporados protegidos por la UNP.

A pesar de la gravedad de la acusación, la entidad no ha emitido pronunciamiento oficial hasta la fecha sobre estos señalamientos. Intentos de comunicación con la UNP para obtener respuesta no han tenido éxito.

Este episodio se da en un contexto de controversia interna en la UNP durante el empalme presidencial entre los gobiernos de Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, envió una carta al director de la UNP, Augusto Rodríguez, solicitando abstenerse de realizar nombramientos bajo los nuevos requisitos para oficiales de protección durante esta transición. Este pedido está apoyado en el Decreto 0670 de 2026 que modifica los requisitos académicos y experiencia administrativa para estos cargos.

El sindicato de trabajadores de la UNP, la Asociación Sindical de Empleados de la Protección (Asep), también ha manifestado su preocupación por la reestructuración que atraviesa la entidad y la manera como se adelantan los nombramientos, advirtiendo sobre una crisis profunda en el servicio de protección. En un comunicado difundido el viernes 3 de julio, la Asep pidió que la implementación de la nueva planta de personal sea responsabilidad del próximo gobierno para evitar decisiones precipitadas que pongan en riesgo la estabilidad institucional.

La organización sindical ha solicitado transparencia en el proceso de selección de personal, cuestionando la priorización de ciertos títulos académicos en detrimento de la experiencia acumulada por los trabajadores. Además, advierten sobre posibles intereses particulares relacionados con convenios con instituciones educativas, lo cual habría favorecido nombramientos polémicos.

Un aspecto delicado en esta discusión son los riesgos que podrían enfrentar las personas protegidas por la UNP, entre ellas líderes sociales y miembros en proceso de reincorporación, de confirmarse la presunta filtración de información a grupos armados ilegales. Esta situación generaría inseguridad y vulnerabilidad en condiciones ya complejas para la protección de estos ciudadanos.

Expertos y exfuncionarios, como el exsubdirector Laureano Peñaranda, han señalado que la UNP enfrenta históricamente dificultades y falta de control en su estructura, aunque indicaron no haber conocido denuncias similares durante sus funciones.

El tema genera un llamado a la revisión rigurosa de los procedimientos internos de la UNP, sus mecanismos para garantizar la confidencialidad y efectividad del servicio, y al cumplimiento de las políticas de seguridad requeridas para proteger a personas en situación de riesgo.

Redacción ColombiNews

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