COLOMBIA, September 17 de 2026. La reforma pensional en Colombia, impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro, ha dado un paso decisivo tras la aprobación por la Corte Constitucional de la mayoría de sus disposiciones contenidas en la Ley 2381 de 2024. Según la Sentencia C264 de 2026, el nuevo sistema entrará en vigor el 1 de abril de 2027, marcando un cambio significativo en la organización de los regímenes de pensión en el país. El fallo constitucional validó 92 artículos, estableciendo ciertas condiciones y devolviendo al Congreso la tarea de corregir nueve puntos normativos en un plazo de 30 días. Entre esos temas pendientes se encuentran aspectos como el manejo de recursos, distribución de comisiones entre administradoras, reducción de semanas para madres trabajadoras y atención diferencial a comunidades indígenas y étnicas. La decisión despeja dudas importantes pero también mantiene abierta la discusión jurídica, pues persisten más de 100 demandas de constitucionalidad en revisión. La reforma modifica el esquema actual en que los colombianos escogen entre el sistema público de reparto (Colpensiones) y los fondos privados de pensiones. En adelante, Colpensiones centralizará la administración del componente de prima media para toda la población, mientras los fondos privados atenderán el ahorro complementario y a quienes estén en régimen de transición. El nuevo modelo se estructura en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario, con beneficios diferenciados según el historial laboral y nivel de aportes. Para los trabajadores formales, esta reforma implica ajustes importantes, especialmente en relación con la distribución de aportes cuando los ingresos superen 2,3 salarios mínimos. Las empresas deberán preparar sus sistemas de nómina, parametrizar cotizaciones y coordinar áreas legales, recursos humanos y contables para cumplir con las nuevas reglas y procesos de seguridad social. Especialistas como Mauricio Montealegre, socio en Pérez-Llorca Colombia, y María Camila Ortiz, gerente de servicios legales en KPMG Law, advierten sobre el desafío que representa la baja formalidad laboral en Colombia — con una tasa de informalidad del 54,5 % en el segundo trimestre de 2026 y un desempleo del 8 % — para la sostenibilidad del sistema pensional. A su juicio, ampliar cobertura sin aumentar el empleo formal limita el alcance y la estabilidad financiera del nuevo régimen. Además, la reforma impactará también a trabajadores independientes vinculados por contratos de prestación de servicios, pues los contratantes tendrán nuevas responsabilidades en cuanto a la retención y pago de cotizaciones. Las empresas deberán identificar qué empleados se ajustan al nuevo régimen y cuáles permanecen en el régimen de transición, revisando cuidadosamente los historiales laborales para evitar errores que puedan afectar futuras prestaciones. El régimen de transición permite que quienes tengan un historial considerable de cotización — mujeres con al menos 750 semanas y hombres con 900 semanas al momento de la entrada en vigor — puedan conservar sus condiciones actuales o migrar al nuevo sistema. Por ello, la revisión y diagnóstico de nómina es crucial para actualizar salarios, bases de cotización y cuerpos administrativos asociados a cada trabajador. El mayor reto operacional será la coexistencia entre trabajadores bajo normativas distintas, con la complejidad añadida de dividir cotizaciones a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Mariana Hernández, abogada asociada de Brick Abogados, recomienda a las empresas revisar políticas de compensación y esquemas de remuneración variable, especialmente para ingresos altos, para adecuar mecanismos de aporte conforme a la legislación. La reforma también limita el retiro de ahorros en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), sustituyendo mecanismos actuales por una renta vitalicia obligatoria en el pilar semicontributivo, lo que reducirá la autonomía de los afiliados sobre sus recursos. Esto añade un componente de protección pero también restricciones al acceso a fondos acumulados. Para las empresas, la preparación no se limita a actualizar softwares, sino que abarca coordinación entre múltiples áreas y comunicación efectiva con los trabajadores sobre los cambios en la administración de sus cotizaciones. De cara a la implementación, deberán mantenerse atentas a reglamentaciones adicionales, especialmente las que aún están por expedir para el funcionamiento completo del sistema y la corrección de historias laborales. La reforma pensional busca ampliar la cobertura, que actualmente solo beneficia a uno de cada cuatro adultos mayores en Colombia, sin comprometer la sostenibilidad financiera. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de la formalización laboral y la capacidad de empresas y Estado para adaptarse y cumplir con las nuevas disposiciones. Redacción ColombiNews Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiNews. Navegación de entradas Corte Constitucional fija la vigencia de la reforma pensional para abril de 2027 Colpensiones y la reforma pensional: ¿Cuál es la mesada máxima que se pagará en 2026?
