COLOMBIA, October 21 de 2026. La política nacional de educación sexual y reproductiva, vigente desde hace 73 días, atraviesa una etapa de incertidumbre luego de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella solicitara su derogatoria. Esta política fue adoptada el 10 de julio por los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Culturas durante la administración del expresidente Gustavo Petro, y se proyectaba con un enfoque integral hasta 2035, abarcando tanto lo que se imparte en las aulas como los insumos disponibles en las salas de urgencias. Sin embargo, el Ministerio de Educación, dirigido por Ilva Myriam Hoyos, remitió a la Presidencia una petición para derogar la norma con el fin de “contener sus efectos”. A pesar de esta solicitud, aún no se ha formalizado la anulación del documento, lo que genera un vacío jurídico respecto al futuro de esta política. Expertos en el tema señalan que el desmontaje efectivo de una política de esta naturaleza no depende únicamente de la emisión de un decreto o resolución. Diego Arbeláez, exmiembro del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) creado en la administración de Álvaro Uribe, explicó que las políticas de educación sexual cuentan con una capacidad instalada significativa a nivel regional y en instituciones educativas. Arbeláez enfatiza que el verdadero impacto ocurre cuando los programas pierden respaldo institucional y recursos presupuestales, lo que limita su ejecución y debilita a los equipos técnicos responsables. Esta situación se evidenció entre 2011 y 2013, cuando el equipo técnico del PESCC fue desintegrado y los recursos reorientados, provocando un debilitamiento de la política sin ninguna derogación formal. En consecuencia, el curso de la educación sexual y reproductiva en Colombia está condicionado no solo por las decisiones normativas, sino también por el compromiso institucional y financiero que respalde su implementación. El Ministerio de Educación, en su petición de derogatoria, no ha detallado públicamente los motivos específicos de desacuerdo con los lineamientos previos, aunque la solicitud refleja preocupaciones sobre los efectos de la política adoptada durante la administración anterior. Por ahora, la incertidumbre se mantiene sobre cómo se procederá oficialmente y qué acciones concretas se tomarán para definir la ruta a seguir. La evolución de esta política es un tema central para el país, dado el impacto que tiene en la formación integral de niños y jóvenes, y en la atención en salud reproductiva. La experiencia previa del PESCC advierte sobre los riesgos que implica la desarticulación administrativa y presupuestal de programas que requieren continuidad para ser efectivos. Analistas y actores sociales siguen atentos a posibles decisiones normativas que aclaren el panorama, mientras representantes educativos y del sector salud destacan la importancia de mantener programas con acompañamiento estable para garantizar avances en educación sexual y derechos reproductivos. Redacción ColombiNews Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiNews. Navegación de entradas Ministerio de Educación plantea derogar la política nacional de educación sexual en Colombia Ministra de Educación expone medidas urgentes ante crisis del FOMAG que afecta a profesores