COLOMBIA, October 21 de 2026. El Ministerio de Educación de Colombia ha solicitado comenzar el proceso para derogar la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, establecida mediante la Resolución Conjunta 1350 del 10 de julio de 2026. Esta normativa, que incluía orientaciones para incorporar la educación sexual y reproductiva en las instituciones educativas durante el periodo 2026-2035, se encuentra ahora en el centro de un debate nacional debido a cuestionamientos sobre su alcance jurídico, el papel de las familias y la autonomía escolar. La resolución conjunta, firmada por los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Culturas, había planteado una ruta intersectorial para coordinar acciones relacionadas con la educación en sexualidad, la prevención de violencias y la garantía de derechos sexuales y reproductivos. En el entorno escolar, contemplaba lineamientos para incluir estos temas en proyectos educativos, planes de estudio y desarrollo docente, con el objetivo de ofrecer una formación integral a niños, niñas y adolescentes. La propuesta del Ministerio de Educación se fundamenta en dudas acerca del cumplimiento de la autonomía de los colegios y sobre la manera en que se financian las medidas previstas en la política. Por ello, se ha solicitado suspender la implementación de nuevas acciones amparadas en esta normativa mientras se adelanta un análisis profundo para definir si procede la derogatoria. Sin embargo, una eventual eliminación de la política no implicaría la desaparición absoluta de la educación sexual en Colombia, dado que existen otras disposiciones legales vigentes que regulan este aspecto en las instituciones educativas. Aun así, la derogación podría modificar las orientaciones y el soporte que actualmente reciben las secretarías de Educación y los colegios para llevar adelante estos programas. Organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos han manifestado su preocupación ante el posible cambio, resaltando la importancia de mantener el acompañamiento institucional y los recursos que contribuyen a prevenir abusos, promover el cuidado y brindar información adecuada y oportuna a los estudiantes. El debate público ha puesto en discusión el equilibrio entre las competencias estatales, la autonomía escolar y el rol que deben jugar las familias en la educación de sus hijos en materia sexual y reproductiva. Por ahora, la solicitud oficial del Ministerio no implica una derogatoria definitiva, y las decisiones finales dependerán de los análisis jurídicos y políticos que se realicen en el corto plazo. Redacción ColombiNews Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiNews. Navegación de entradas Amarilo inicia una nueva etapa tras emotiva despedida de una de sus colaboradoras Política de educación sexual en Colombia enfrenta incertidumbre tras petición de derogatoria
