COLOMBIA, Octubre 9 de 2026. La congresista Martha Peralta, implicada en las investigaciones por la red de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), solicitó formalmente a la Corte Constitucional que no se aplaze la entrada en vigor de la reforma pensional impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro. La petición de Peralta busca mantener el 1.º de abril de 2027 como fecha definitiva para la aplicación de la Ley 2381 de 2024, cuyo articulado fue declarado exequible por la Sentencia C-264 de 2026. Este llamamiento se produce en respuesta a una solicitud de Colpensiones, que pidió aplazar la implementación hasta el 1.º de abril de 2028, argumentando la necesidad de superar ajustes operativos, tecnológicos y financieros previos para evitar riesgos al sistema y proteger derechos de afiliados y pensionados. Según el documento presentado por la congresista, la solicitud de Colpensiones no corresponde a un procedimiento judicial válido para modificar los efectos temporales de una sentencia de constitucionalidad. En consecuencia, recomienda rechazar dicha petición por improcedente o, en caso de ser considerada, negarla por falta de justificación suficiente respecto a imposibilidad material o necesidad proporcional del aplazamiento. Además, Peralta pidió a la Corte que no abra el incidente de impacto fiscal promovido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, argumentando que la sentencia no generó un impacto diferente al evaluado durante el trámite legislativo y que no se presentó un plan concreto que respalde la solicitud de modificación. Subsidiariamente, solicitó que si se abre el incidente, se abstenía de diferir la fecha de vigencia y afectar los componentes de protección social contemplados en la ley, conforme al artículo 334 de la Constitución. La senadora sostuvo que es fundamental preservar los componentes sociales de la reforma, cuya aplicación fue respaldada por la Corte, y puntualizó que el plazo para resolver las disposiciones pendientes es incierto, dado que la Cámara de Representantes tiene hasta el 30 de octubre de 2026 para subsanar los artículos señalados por el tribunal. Esta postura ha generado reacciones críticas en el ámbito político. Simón Molina, congresista del partido Creemos, expresó públicamente su indignación al considerar cínica la solicitud de Peralta. Molina recordó que Peralta, ponente de la ley, está siendo investigada por supuestos contratos irregulares relacionados con maquinaria amarilla por más de 2.100 millones de pesos en La Guajira y por promover dádivas a legisladores para aprobar reformas durante la administración anterior. El caso de Martha Peralta se relaciona con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el cual se investiga una red que habría ofrecido beneficios económicos a varios congresistas para asegurar la aprobación de reformas sustanciales, principalmente en el sistema de pensiones. Por otra parte, Colpensiones defendió su solicitud de aplazamiento asegurando que el periodo adicional permitiría completar los ajustes operativos, tecnológicos, financieros e institucionales, evitar riesgos sistémicos y garantizar la protección de los derechos vinculados con la seguridad social, el mínimo vital y la confianza legítima de los afiliados, pensionados y beneficiarios del sistema. La Corte Constitucional tendrá que evaluar estas posiciones dentro del expediente D-15989 para decidir si mantiene la fecha dispuesta inicialmente o concede un diferimiento, teniendo en cuenta las implicaciones fiscales, sociales y administrativas del proceso. Redacción ColombiNews Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiNews. Navegación de entradas Banco de la República alerta a la Corte sobre avance insuficiente en reglamentación para nueva reforma pensional Banco de la República advierte a la Corte Constitucional que falta reglamentación necesaria para iniciar la reforma pensional