Corte Suprema condena a excongresista Tatiana Cabello por exigir parte de salarios a su UTL

COLOMBIA, Julio 4 de 2026. La Corte Suprema de Justicia condenó a la excongresista Tatiana Cabello Flórez por el delito de concusión continuada, al demostrar que exigió mediante intermediarios un porcentaje del salario a varios integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). La exrepresentante, quien fue elegida para el periodo 2014-2018, fue sentenciada a 12 años de prisión y a inhabilitación para ejercer cargos públicos por nueve años, además de una multa equivalente a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes en 2018.

En la sentencia emitida por la Sala de Primera Instancia, se estableció que Cabello abusó de su cargo al pedir directamente o a través de terceros a cinco colaboradoras que entregaran parte de su pago como condición para permanecer en la UTL. Este esquema de cobro no solo se hacía en efectivo en su oficina, sino que también se realizaba mediante transacciones bancarias a través de intermediarios para evitar rastros en sus cuentas.

El documento judicial reveló que uno de los salarios afectados pasó de 3.080.000 pesos a 4.312.000 pesos mensuales, de los cuales se solicitaba un pago aproximado de 1.100.000 pesos mensuales, cifra cercana al aumento derivado de un cambio en la categoría laboral. Además, la excongresista implementó una estructura para facilitar estos cobros, que incluía una coordinadora encargada de gestionar y recordar a los trabajadores sus obligaciones de pago, así como el uso de su conductor para recibir y entregar dinero.

Cabello también imponía cargas económicas adicionales a integrantes de la UTL, quienes debían asumir costos como papelería, café, e incluso gastos personales de la congresista, incluyendo el pago de su tarjeta de crédito y trámites de visa. A su vez, para mantener el silencio de sus subordinados, les hizo firmar acuerdos de confidencialidad.

Un integrante de su equipo denunció estas prácticas ante la dirección del partido, pero según la Corte, la congresista tomó represalias, reduciendo funciones y luego desvinculando al denunciante. La Corte Suprema determinó que no accederá a beneficios como prisión domiciliaria o suspensión condicional de la pena y remitió copias a la Fiscalía para investigar posibles delitos adicionales de enriquecimiento ilícito y amenazas.

Este fallo reafirma el compromiso de la justicia colombiana en enfrentar actos de corrupción y abuso de autoridad en el ámbito público.

Redacción ColombiNews

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