COLOMBIA, Julio 3 de 2026. La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) enfrenta cuestionamientos por la adjudicación de contratos directos en tecnología que, según informes, suman más de 42.000 millones de pesos. Estas contrataciones han sido objeto de polémica debido al momento en que se realizaron y a la supuesta similitud entre procesos, temas que han sido parte de investigaciones y serán revisados en el marco del Empalme Anticorrupción entre los gobiernos saliente y entrante. La entidad ha aclarado que, en el caso específico de los contratos de tecnología, no existe una contratación formal vigente, sino que por el momento solo se ha emitido una invitación a cotizar. La SNR justifica la necesidad de estas iniciativas en la detección de riesgos críticos e inminentes relacionados con la ciberseguridad, incluido el riesgo de ataques cibernéticos y secuestro de información, que requerían atención inmediata para mitigar posibles daños. Uno de los contratos mencionados corresponde a un acuerdo por más de 7.300 millones de pesos adjudicado a la empresa Infotic para servicios de ciberseguridad con un plazo inicial de una semana, aunque su ejecución se extendió hasta finales de abril de este año. Otro contrato directo, por más de 16.000 millones de pesos, fue firmado el 30 de enero y estuvo dirigido a Colombia Digital para fortalecer el sistema de gestión de seguridad de la información. Sobre las críticas acerca de la similitud en los objetos contractuales, la Superintendencia ha negado que exista coincidencia en las obligaciones y argumenta que cada contrato atiende necesidades específicas con entregables particulares y diferentes alcances. Adicionalmente, se menciona un proceso que involucra a cuatro compañías – Infotic, Colombia Digital, Red Summa y Megatic – en el que la propuesta más baja fue la de Colombia Digital, con un monto cercano a 19.000 millones de pesos. La entidad señaló que la contratación directa se ampara en herramientas legales propias de la administración pública y rechazó la existencia de irregularidades en estos procesos. En materia de nombramientos, el superintendente Ricardo Agudelo Sedano explicó que las recientes designaciones de notarios se ajustan a la legislación vigente y responden a la necesidad de garantizar el servicio notarial. Sin embargo, algunas de estas decisiones están bajo observación, ya que algunos nombramientos podrían estar relacionados con personas cercanas a la administración saliente. Durante este periodo previo al cambio de gobierno, las mencionadas decisiones contractuales y administrativas serán objeto de seguimiento por parte del equipo de transición, que incluye la revisión de políticas y normativas aplicables. En contexto, el gobierno de Gustavo Petro ha avanzado en la ejecución y compromiso de contratos y proyectos por más de 57 billones de pesos que abarcan sectores como Defensa, Educación, Salud y Transporte, con plazos que se extienden hasta 2035 o 2036. Este dinamismo contractual sigue al levantamiento de la Ley de Garantías, que reactivó la posibilidad de contratar en el sector público bajo supervisión de autoridades de control y mediante modalidades legales como la contratación directa y los convenios interadministrativos. Redacción ColombiNews Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiNews. Navegación de entradas Primer encuentro del empalme entre equipos de Petro y De la Espriella registra roces por alertas fiscales y sociales Contraloría solicita investigar a ministro de Hacienda y director de Crédito Público por presuntas irregularidades en manejo de la deuda
