COLOMBIA, Noviembre 4 de 2026. El debate sobre los efectos de los impuestos a las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados en Colombia reunió a expertos en salud, economía y comercio durante el foro “Impuesto al barrio en Colombia: ¿a qué costo?”, organizado por SEMANA en el marco del “Foro Colombia 2027”.

La discusión abarcó si estos gravámenes modifican los hábitos de consumo y generan mejoras en la salud pública, así como su impacto en la actividad comercial, especialmente en los pequeños establecimientos.

Cristian Stapper, vicepresidente de Fenalco, puso en duda que los impuestos saludables estén logrando transformaciones significativas en la salud de la población, apuntando que la evidencia disponible no es concluyente al respecto y que el principal efecto ha sido el aumento en el recaudo fiscal. Explicó que existen diferencias entre impuestos con finalidad exclusivamente recaudatoria y aquellos llamadas pigouvianos, diseñados para corregir comportamientos o externalidades.

Desde la experiencia de México, la embajadora Martha Patricia Ruiz Anchondo defendió la continuidad de estos gravámenes, argumentando que sí han contribuido a promover cambios en el consumo y que el daño a la salud causado por estos productos justifica mantenerlos. México actualmente impone una tarifa del 8 % con intención de subir al 20 %, y ha recaudado más de 16 mil millones de dólares, subrayando la importancia de complementar estos impuestos con políticas educativas e institucionales para fomentar hábitos saludables.

Andrés Vecino, profesor e investigador de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, aportó datos de estudios internacionales que revelan que este tipo de impuestos puede disminuir indicadores de riesgo en salud, como el índice de masa corporal y la incidencia de caries infantiles. Destacó que los efectos más profundos pueden observarse a mediano y largo plazo, y recomendó estructuras escalonadas de tarifas para incentivar a la industria a reformular productos y reducir el contenido de azúcar.

Omar Galindo, docente de Economía de la Universidad Santo Tomás, indicó que los impuestos buscan internalizar los costos sanitarios en los precios de los productos. Citó una reducción en el consumo de bebidas azucaradas en adultos, de 25 a 20 litros, pero alertó sobre las diferencias en la capacidad de adaptación de las empresas, lo que genera desigualdad en los efectos del impuesto.

Respecto al impacto en el comercio, Stapper indicó que alrededor del 26 % de los tenderos colombianos reportan disminución en sus ventas, un sector que ya cuenta con bajos márgenes de ganancia entre el 5 % y el 10 %. Puntualizó que este gravamen afecta especialmente a establecimientos de menores ingresos, por lo que lo calificó como un impuesto al barrio y a pequeños comerciantes.

Por otro lado, Ruiz enfatizó que en México este tipo de políticas ha contribuido a aumentar la conciencia sobre la responsabilidad individual en la salud y ha motivado a la industria a modificar sus productos para disminuir componentes nocivos.

Vecino complementó que para evaluar estos impuestos se debe diferenciar entre la disminución inmediata del consumo y sus efectos sobre enfermedades crónicas a largo plazo, destacando la necesidad de combinarlos con medidas complementarias.

Galindo explicó que aunque los productores e importadores son legalmente responsables del impuesto, su costo se traslada mayormente a los minoristas y consumidores finales. Mencionó que 21 productos de la canasta familiar incluyen este impuesto y que durante el último año se evidenció inflación significativa en algunos productos relacionados, como golosinas y panadería.

Finalmente, el docente insistió en la necesidad de apoyar a pequeños productores para que puedan adaptar sus fórmulas, evitando que la política perjudique más a quienes disponen de menos recursos para cumplir con los requerimientos de salud pública.

Redacción ColombiNews

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