COLOMBIA, September 16 de 2026. El debate parlamentario sobre la reforma a la salud en Colombia evidenció la necesidad de enriquecer la discusión con argumentos sustanciales y datos claros. En la sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes del pasado 5 de septiembre, los parlamentarios de la oposición, quienes propusieron archivar el proyecto del Gobierno, mostraron un discurso repetitivo que ha predominado desde febrero de 2023. Alegaron que la reforma conducirá a la estatización del sistema de salud, una afirmación que para algunos sectores implicaría un cambio estructural necesario para garantizar la salud como derecho fundamental constitucional, alejándose del modelo vigente desde la Ley 100 de 1993, catalogado como un sistema basado en la salud-negocio. El analista político Jaime Acosta P. ha señalado que, durante más de 30 años, los fondos públicos destinados a la salud fueron transferidos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) sin el control adecuado, debido a la falta de infraestructura para monitorizar el uso de estos recursos. Según este análisis, esta situación ha permitido la captura incontrolable de dineros públicos por parte de entidades privadas, responsabilidad atribuida a múltiples actores como presidentes, ministros, políticos y órganos de control, ya sea por acción u omisión. En este contexto, la reforma propone transformar la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), con la intención de recuperar la autonomía del Estado en la gestión de los recursos públicos de salud, orientándolos al bienestar colectivo. Se plantea la creación de procedimientos similares a la Jurisdicción Especial para la Paz que permitan investigar el destino de millonarios recursos desde 1994. Otro aspecto destacado es la solicitud para auditar el flujo financiero y patrimonio de las EPS, considerando sus inversiones y la desaparición de varias de estas sin asumir sus deudas acumuladas, situación tolerada por gobiernos anteriores y entidades estatales. Este fenómeno es calificado por algunos expertos como un delito que afecta directamente la administración financiera pública. Además, se valoró la postura de la excontralora, quien documentó irregularidades en el manejo de recursos por parte de Saludcoop en un periodo en el que el Gobierno y autoridades correspondientes permanecieron indiferentes. Esta acción es vista como un ejemplo de valentía y compromiso con la transparencia y el control fiscal. A pesar de que dirigentes gremiales de las EPS han anunciado su intención de continuar operando bajo los mismos mecanismos vigentes en las últimas tres décadas, el cuestionamiento general apunta a la necesidad de desmontar un modelo que favorece intereses privados y limita el acceso efectivo al derecho a la salud. La sociedad civil demanda una apertura más amplia al debate, que incluya la verdad sobre el manejo de los recursos de salud y la justicia respecto a irregularidades pasadas. Este llamado apunta a que la reforma se convierta en un proceso de reparación para el sistema y los ciudadanos afectados. El análisis y las propuestas se basan en la fuente original publicada por El Espectador, en la columna de opinión del analista Fernando Galindo G., reafirmando la relevancia de la reforma para transformar el sistema de salud colombiano. Redacción ColombiNews Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiNews. Navegación de entradas Contraloría evidencia corrupción millonaria en sector salud mientras avanza reforma en el Congreso
