COLOMBIA, Agosto 25 de 2026. El gobierno nacional anunció la presentación ante el Congreso de un nuevo estatuto antiterrorista que busca crear una lista nacional de organizaciones terroristas, implementando un régimen especial para los grupos incluidos en ella. El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, informó que esta iniciativa llenará un vacío legislativo actual, ya que aunque el país tipifica el delito de terrorismo, no existe una definición específica para organizaciones terroristas ni un mecanismo formal para clasificarlas y aplicarles medidas diferenciadas. De acuerdo con las declaraciones de Lara, el estatuto establecerá normas especiales como regímenes penitenciarios diferenciados y agravantes para ciertos delitos cometidos por estas organizaciones, que el gobierno considera de alto riesgo por su capacidad criminal. Entre las estructuras identificadas actualmente como terroristas están las disidencias de las Farc, el Eln y la Segunda Marquetalia, aunque la clasificación definitiva dependerá de las reglas que adopte la nueva regulación. Además, el proyecto contempla inmovilizar la minería ilegal vinculada a actividades terroristas, avanzando en figuras como la de “gran minería ilegal” o “gran minería criminal ligada a organizaciones terroristas” para fortalecer el control jurídico y operativo frente a estas actividades económicas ilícitas. El ministro Lara también aclaró las directrices de los operativos previstos contra la migración irregular. Estas acciones estarán dirigidas exclusivamente a extranjeros en situación irregular y las redes criminales que se lucran del tráfico y la trata de personas, sin afectar a venezolanos que llegaron durante la crisis migratoria entre 2019 y 2021 y que se encuentran regularizados con permisos como el Permiso por Protección Temporal. El funcionario resaltó que una parte de los migrantes venezolanos ya ha retornado a su país, mientras que otros permanecen integrados social y económicamente en Colombia. Por ello, los operativos buscarán atacar específicamente las redes criminales, especialmente en zonas como el Darién, donde se aprovechan de la vulnerabilidad de migrantes ilegales. Este doble frente que plantea el gobierno—legalizar y endurecer el tratamiento contra organizaciones terroristas y criminales, junto con un control diferenciado sobre la migración irregular—refleja el enfoque adoptado por la administración del presidente Abelardo De La Espriella para fortalecer la seguridad y el orden público en el país. El estatuto antiterrorista, una vez presentado al Congreso, abrirá un debate sobre los criterios de inclusión en la lista nacional y las medidas especiales que el Ejecutivo propone para contrarrestar las amenazas de estas organizaciones. La iniciativa enfatiza que estas clasificaciones no serán meramente políticas o simbólicas, sino que tendrán consecuencias jurídicas concretas en materia penal y administrativa. Con esta propuesta, el gobierno pretende dotar a las autoridades de herramientas legales más robustas para enfrentar los riesgos extraordinarios que representan las organizaciones armadas ilegales, al tiempo que busca preservar los derechos de migrantes con estatus regularizado en Colombia. Redacción ColombiNews Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiNews. Navegación de entradas Gobierno avanza en la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto con estrategia integral Corte Constitucional definirá el futuro de la reforma pensional tras más de dos años de debate
