COLOMBIA (Julio 29 de 2025). El 28 de julio de 2025, la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Se convierte así en el primer exmandatario de Colombia en ser condenado penalmente. Según el fallo, Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, intentó sobornar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y otros testigos para que modificaran sus testimonios y perjudicaran al senador Iván Cepeda. Aunque fue absuelto del delito de soborno simple, la jueza concluyó que había presentado documentos falsos para abrir una investigación contra Cepeda. Heredia citó grabaciones interceptadas entre Uribe y su abogado, incluso una conversación obtenida desde un reloj espía, como evidencia clave de coordinación en la manipulación del testimonio. “El señor Álvaro Uribe sabía lo ilícito de su actuar”, afirmó la magistrada. Tras concluir la lectura del sentido del fallo, la jueza programó para el 1 de agosto a las 14:00 (hora local) la audiencia en que se conocerá la pena, con solicitud de la Fiscalía de una condena mínima de 108 meses (9 años). La defensa dispone de cinco días para presentar apelación. Reacciones nacionales e internacionales En Colombia, el veredicto abrió una brecha entre sectores políticos: el partido Centro Democrático, fundado por Uribe, califica la sentencia como un “fallo político” o “lawfare”. Por otro lado, líderes de oposición y defensores de la justicia celebraron el veredicto como un paso firme hacia la independencia judicial. Desde EE. UU., figuras como el senador Marco Rubio expresaron solidaridad con Uribe, denunciando una supuesta presión judicial para silenciar al expresidente. El presidente colombiano Gustavo Petro respondió defendiendo la autonomía judicial y rechazando cualquier injerencia externa en la soberanía nacional. Significado institucional Este fallo representa un punto de inflexión en la historia política colombiana: por primera vez un expresidente es condenado por la justicia penal. El proceso judicial duró cerca de 13 años, y se origina en una denuncia que Uribe presentó en 2012 contra Cepeda, que terminó invertida en una investigación por parte del Tribunal Supremo. La decisión judicial también genera interrogantes sobre la percepción internacional de la justicia en Colombia. Organismos de derechos humanos como Human Rights Watch han seguido con atención el caso, en medio de tensiones sobre libertad de expresión y separación de poderes. ¿Qué sigue? La sentencia se conocerá el 1 de agosto, donde se establecerá si Uribe cumple pena en una cárcel o en arresto domiciliario, dada su edad y antecedentes. Se espera que su defensa presente apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. El fallo llega justo en el preludio de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, lo que podría influir en la agenda política y estrategia del Centro Democrático. La decisión judicial deja un legado simbólico potente: incluso los líderes más poderosos están sujetos al Estado de derecho. Fuente: Cadena SER Navegación de entradas Salitre Plaza proyecta crecimiento en julio y agosto con sello colombiano Uribe declarado culpable por fraude procesal y soborno: un hito político en Colombia
