COLOMBIA, Septiembre 30 de 2026. La Procuraduría General de la Nación halló elementos que apuntan a una posible omisión administrativa grave por parte de la Nueva EPS, entidad intervenida, en el caso de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años con hemofilia A severa que falleció el pasado 13 de febrero tras no recibir a tiempo los medicamentos necesarios para su tratamiento. Conforme al informe oficial, se evidenció una interrupción injustificada en el suministro del medicamento emicizumab, vital para controlar la condición del menor, lo que generó un riesgo vital que terminó materializándose en su muerte. Este hallazgo abre la puerta a una investigación formal para establecer responsabilidades, incluyendo la posible negligencia de los interventores y otros actores vinculados a la Nueva EPS. El caso ocurrió durante la intervención de la EPS, bajo la administración de Luis Óscar Galves Mateus, y en el periodo en que Guillermo Alfonso Jaramillo ejercía como ministro de Salud en el gobierno de Gustavo Petro. La familia del menor, representada por el abogado Wilson Ruiz, ha insistido en la necesidad de esclarecer los hechos y alcanzar justicia, rechazando explicaciones insuficientes y denunciando la exposición indebida de información médica protegida. La Fiscalía también avanza en investigaciones y ha solicitado la imputación por homicidio culposo contra cuatro personas vinculadas a la EPS, incluido el interventor Galves Mateus. Por su parte, el exministro Jaramillo ha sido citado para una audiencia de conciliación por un posible delito de revelación de secretos, pero ha negado la intención de conciliar. La familia y sus abogados han enfatizado que la búsqueda de verdad y justicia no es un tema económico ni una negociación, sino un derecho fundamental, dado que la vida de un niño estaba en juego. Por ello, continuarán promoviendo las acciones judiciales necesarias para que se esclarezcan las responsabilidades detrás de la tragedia. Este caso recuerda la importancia de garantizar el acceso oportuno y adecuado a tratamientos médicos para pacientes con enfermedades crónicas, especialmente en sistemas de salud intervenidos y bajo supervisión estatal. Las recientes investigaciones y decisiones que se deriven de ellas serán determinantes para sentar precedentes sobre la protección de derechos en el sector salud en Colombia. Fuente: El Tiempo Redacción ColombiNews Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiNews. Navegación de entradas Hospital de San José dejará de atender pacientes de Nueva EPS y FOMAG a partir del 30 de septiembre Sanitas anuncia cambios en puntos de entrega de medicamentos en varias ciudades a partir de octubre