COLOMBIA, October 9 de 2026. El Contralor General del Quindío, Perches Giraldo Campuzano, denunció un faltante sistemático de recursos en la entidad por más de 170 millones de pesos, tras identificar irregularidades en el manejo y registro de dineros desde el año 2019. La denuncia surge luego de una investigación con base en una Actuación Especial de Fiscalización que detectó inconsistencias en las áreas de Contabilidad y Pagaduría de la Dirección Administrativa y Financiera.

La investigación estableció que, al 31 de marzo de 2026, existía una diferencia por valor de $170.227.130. Según la reconstrucción bancaria, esta irregularidad se habría presentado progresivamente desde 2019, involucrando débitos que fueron realizados en las cuentas oficiales pero que no quedaron registrados en los libros auxiliares de contabilidad, o carecían de órdenes de pago que justificaran sus movimientos.

En detalle, en 2019 se identificaron ocho débitos por $24.491.714 que no constaban contablemente, acompañados de ocho notas crédito que, según el informe, serían ficticias. De 2020 a 2022 la diferencia de 2019 persistió en extractos internos, manteniéndose un desfase frente a los extractos bancarios oficiales.

Para 2023 se detectó un débito irregular por $10.405.693, cuyo receptor era un pagador de la entidad evidenciado por información del Banco Davivienda. En 2024, se registraron 12 débitos por $87.067.119, la mayoría con destinatarios identificados, salvo uno que tenía una discrepancia en el número de documento que debe certificarse. Finalmente, en 2025, se detectaron ocho débitos por $43.982.944, igualmente dirigidos al mismo ciudadano.

El contralor Giraldo explicó que las alertas surgieron tras la realización de conciliaciones mensuales con el personal nuevo en las áreas financieras, que revelaron desfases significativos, pues los extractos bancarios con los que conciliaban no eran los originales, sino documentos adulterados. Tras contactar al banco se corroboró esta irregularidad en los extractos.

La Contraloría del Quindío solicitó y contrastó información detallada con el Banco Davivienda, que entregó extractos mes a mes y año por año, incluyendo datos de 2026, para fortalecer la trazabilidad de las operaciones cuestionadas.

Los resultados de este hallazgo fueron remitidos a las autoridades competentes, tales como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Auditoría General de la República y la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General, para que inicien las investigaciones y procedimientos correspondientes en sus ámbitos de competencia.

Esta denuncia pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles internos en las entidades públicas y garantiza la transparencia en el manejo de recursos, vitales para la confianza ciudadana y el adecuado funcionamiento institucional.

Redacción ColombiNews

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