COLOMBIA, Agosto 6 de 2026. La recuperación económica en Colombia depende en gran medida de superar desafíos relacionados con la confianza empresarial, la seguridad y el mercado laboral, sostiene un análisis reciente del Consejo Gremial Nacional (CGN). Para fomentar el crecimiento, atraer inversiones y potenciar el empleo formal, el próximo gobierno deberá avanzar en tres frentes principales: fortalecer la seguridad, garantizar reglas claras y estables, y mejorar la formalización laboral.

El CGN advierte que el país enfrenta un deterioro estructural en seguridad con consecuencias directas en la actividad económica y la competitividad. En 2025, el homicidio intencional alcanzó 13.726 casos, la cifra más alta desde 2014. Respecto al secuestro, las víctimas pasaron de 313 a 651, el nivel más elevado desde 2007. Además, se registraron 12.180 casos de extorsión y un aumento del terrorismo en un 23,5%. Estos hechos complican el control territorial, encarecen la logística y dificultan el transporte de mercancías y la movilidad laboral.

Basado en ello, el CGN plantea la necesidad de fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en corredores estratégicos, proteger infraestructuras críticas y reforzar la lucha contra extorsión, secuestro, narcotráfico y contrabando. También destaca la importancia de mejorar la coordinación entre autoridades judiciales y de seguridad para combatir estructuras criminales que afectan la actividad productiva y garantizar la protección de cadenas logísticas, sistemas energéticos y servicios públicos esenciales.

Otro aspecto relevante es la gestión de la conflictividad social. Se propone desarrollar un marco jurídico que distinga entre manifestación pacífica y bloqueos o daños que afecten el abastecimiento y la movilidad, fomentando el derecho a la protesta sin intervenir negativamente en la economía.

En cuanto a la seguridad jurídica, el CGN llama a reducir la incertidumbre regulatoria y simplificar la relación entre empresas y Estado. Recomienda fortalecer la digitalización de trámites, eliminar duplicidades institucionales y avanzar en interoperabilidad para disminuir tiempos y costos en la apertura y operación de proyectos productivos. La simplificación debe abarcar sectores de infraestructura, servicios públicos, ambiente, comercio exterior y agroindustria, buscando mayor previsibilidad para inversionistas.

En materia tributaria, se sugieren ajustes que reduzcan la carga del impuesto extraordinario al patrimonio sobre personas jurídicas, incentivos para la modernización productiva y depreciación acelerada de bienes de capital. Estas medidas podrían facilitar nuevas inversiones y la capitalización empresarial. Además, se subraya la necesidad de reglas claras en ordenamiento territorial para minería, hidrocarburos, infraestructura y agroindustria, garantizando que restricciones de uso del suelo estén respaldadas técnicamente y respeten la autonomía territorial.

Finalmente, el mercado laboral sigue siendo un desafío, principalmente por la alta tasa de informalidad. Según cifras de ANIF y DANE, en 2025 la informalidad laboral alcanzó el 55,1%, y 13 millones de colombianos carecen de protección social adecuada. Se destaca la preocupación por el incremento del salario mínimo en 2026 y su impacto en los costos de contratación para micro, pequeñas y medianas empresas. Además, cerca del 44% de los nuevos empleos en el primer bimestre de 2026 se crearon en el sector público, lo que evidencia dificultades para expandir la contratación formal en el sector privado.

Para enfrentar estos retos, se proponen fortalecer la formación y reconversión laboral, ajustar la oferta educativa a las necesidades productivas y avanzar hacia modalidades de trabajo flexible que permitan cotizar proporcionalmente a la seguridad social. También se plantea reducir los costos regulatorios para la formalización, aumentar la fiscalización contra la evasión al sistema de protección social y revisar normas sobre negociación colectiva y tercerización, buscando incentivar el empleo formal sin afectar la sostenibilidad del sistema.

En conclusión, el CGN manifiesta que la recuperación del crecimiento económico colombiana estará condicionada a la capacidad del nuevo gobierno para simultáneamente mejorar la seguridad, garantizar la estabilidad jurídica y dinamizar el mercado laboral. Recuperar la confianza empresarial es el punto de partida indispensable para atraer inversión, fortalecer la competitividad y ampliar la generación de empleo formal en los próximos años.

Redacción ColombiNews

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