Contraloría intensifica vigilancia fiscal sobre recursos para la reconstrucción tras terremoto

COLOMBIA, Octubre 13 de 2026. La Contraloría General de la República dio un paso decisivo para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos destinados a la atención de la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto. A través de la Resolución Orgánica 0075 de 2026, esta entidad estableció como prioridad nacional la vigilancia fiscal de los dineros, cuyo monto total asciende aproximadamente a 30 billones de pesos, que serán canalizados principalmente mediante el Fondo Milagro.

Esta nueva medida de control fiscal alcanza a 16 departamentos afectados por el sismo: Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre, Caquetá y Santander. De esta forma, la Contraloría supervisará los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, así como de los presupuestos regionales, aportes, donaciones y créditos públicos.

El contralor general Jorge Eliécer Laverde explicó que esta vigilancia implicará la trazabilidad estricta de cada peso invertido, desde su origen hasta el destino final, incluyendo contratos, beneficiarios y el avance físico y financiero de las obras relacionadas con la reconstrucción. Además, destacó la implementación de observatorios sectoriales y sistemas de análisis de datos con alertas tempranas para detectar posibles riesgos y evitar pérdidas de recursos.

Laverde señaló que la Contraloría hará presencia directa en las regiones afectadas para escuchar a las comunidades y atender denuncias ciudadanas y del Congreso, sin reemplazar a las autoridades responsables de ejecutar los recursos. Esta estrategia representa la denominada ‘Cuarta Generación del Control Fiscal’, cuyo fin es actuar preventivamente antes de que existan daños al patrimonio público.

El Fondo Milagro, mecanismo creado por el Decreto Legislativo 1379 de 2026 del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, centraliza tanto recursos públicos como donaciones y cooperación internacional para la reconstrucción. Su administración está a cargo de Fiducoldex, designada mediante contratación directa por el Ministerio de Hacienda, con un contrato por cerca de 248,6 millones de pesos mensuales sin IVA y por un plazo indefinido mientras dure la emergencia.

A diferencia de la contratación estatal tradicional, el Fondo Milagro funciona como un patrimonio autónomo bajo derecho privado, lo que otorga flexibilidad en sus procesos contractuales pero también despliega un escenario particular para la supervisión. Por ello, la Contraloría tiene asignada la vigilancia fiscal, complementada con auditorías independientes a cargo de una firma internacional, tal como lo establece el decreto referenciado.

Recientemente, el Gobierno incorporó al presupuesto general 624.656 millones de pesos adicionales para fortalecer los recursos asignados al fondo, que permanecerán bajo custodia en la Cuenta Única Nacional. El Tesoro será el encargado de girar los pagos directamente a los contratistas una vez se certifique la recepción satisfactoria de bienes y servicios.

El contexto de esta emergencia nacional se remonta al terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, con epicentro en el occidente colombiano. El sismo causó cerca de 290 fallecimientos, más de 4.000 heridos y daños significativos en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, así como en el Eje Cafetero. Aunque el Gobierno ha sido objeto de críticas por la presunta demora en la entrega de ayudas, las autoridades han explicado la complejidad de la situación.

Cabe destacar que la medida adoptada por la Contraloría es preventiva y no señala hasta ahora la existencia de irregularidades en el manejo de los recursos. Sin embargo, representa un esfuerzo significativo para garantizar la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos destinados a la reconstrucción.

Redacción ColombiNews

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