Expertos advierten falta de gobernanza institucional en el Plan TIC Colombia 2026-2030

COLOMBIA, September 30 de 2026. El Plan TIC Colombia 2026-2030 presenta una ambiciosa estrategia para fortalecer la conectividad, la inteligencia artificial y la soberanía digital en el país, pero omite un aspecto fundamental: la definición clara de la arquitectura institucional de gobernanza que permita implementar y supervisar estas iniciativas. Esta conclusión se desprende del análisis realizado por Nicola Stornelli García, analista de tendencias digitales, quien cuestionó la ausencia de detalles sobre quién decide, supervisa y responde cuando fallan las políticas planteadas.

Según Stornelli, el nombre actual del Ministerio de las TIC limita la visión y el alcance de la institución, puesto que las tecnologías de la información y las comunicaciones son solo una parte del ecosistema digital. Propone que se repiense su denominación para reflejar una función más amplia, tal como se observa en otros países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), donde el nombre ministerial no se limita al concepto de TIC.

El Plan TIC, presentado en el evento ANDICOM, expone ocho principios, diez ejes y cinco misiones con propuestas en torno a la conectividad, la infraestructura, la regulación y la seguridad jurídica. Sin embargo, Stornelli señala que no aborda temas críticos como la gobernanza del espectro radioeléctrico, cuya potestad de fijación de topes está en discusión para trasladarse desde la Presidencia al Ministerio; ni la independencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), afectada por influencias políticas actuales.

Además, la dependencia fiscal del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) en ingresos por espectro, calificada como volátil y excesiva, no cuenta con un límite claro de financiación, lo que podría afectar la estabilidad de las inversiones públicas. Para mejorar esta gestión, se propone limitar la dependencia del FUTIC a un máximo del 30 % de su financiación anual y garantizar indicadores reales de ejecución.

En el ámbito de ciberseguridad, el plan destaca la protección de la infraestructura crítica y la soberanía digital como objetivos esenciales. No obstante, el análisis advierte que falta definir cómo se supervisarán las herramientas estatales de vigilancia y análisis de datos, en un contexto donde ya existen operaciones integradas de monitoreo en Bogotá y controversias sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

El autor recomienda crear una autoridad nacional de ciberseguridad con mandato no solo defensivo ante ciberataques, sino también de auditoría y supervisión sobre estas herramientas, para fortalecer la confianza ciudadana y el control político.

Respecto a la transformación del Estado, el Plan TIC reconoce avances en interoperabilidad, GovTech, datos e inteligencia artificial pública, pero persiste la fragmentación institucional que dificulta la integración de servicios y procesos clave, como la Carpeta Ciudadana Digital y el sistema de emergencias 123.

Stornelli propone convertir el sistema 123 en un piloto de interoperabilidad con metas públicas y verificables, que permita mejorar tiempos de respuesta y reducir llamadas erróneas. También sugiere modernizar entidades esenciales para infraestructura y reconstrucción, como la Superintendencia de Notariado y Registro, que enfrenta demoras significativas.

En cuanto a la inclusión digital en territorios apartados, el Plan TIC reconoce la necesidad de una conectividad pertinente, pero no aborda las condiciones normativas e infraestructurales que atañen a los pequeños operadores de internet (ISP) ni aprovecha propuestas de colaboración transfronteriza para extender fibra óptica en regiones como la Amazonía.

Finalmente, Stornelli destaca que, aunque el Plan TIC identifica correctamente los desafíos tecnológicos, falta claridad sobre los responsables institucionales y los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. En sus palabras, “Colombia no necesita un noveno principio ni un undécimo eje. Necesita que los 8 principios y los 10 ejes que ya existen digan, en cada caso, quién responde si no se cumplen”.

Este análisis invita a que el gobierno y el Ministerio de las TIC reflexionen en la gobernanza y supervisión institucional para que el Plan TIC pueda traducirse en una política pública eficaz y confiable.

Fuente: Impacto TIC.

Redacción ColombiNews

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