COLOMBIA, September 25 de 2026. El presidente Gustavo Petro sancionó la ley 2573 del 19 de mayo de 2026, que establece medidas para proteger a las personas frente al reporte negativo en centrales de riesgo como DataCrédito y la suspensión del cobro de cuotas en casos de suplantación de identidad. Esta normativa, avalada previamente por la Corte Constitucional, empezará a regir en noviembre de 2026 y beneficiará a los ciudadanos que hayan sido víctimas de fraude digital para obtener créditos, préstamos u otros servicios financieros a su nombre.

La ley define dos tipos de suplantación de identidad: la que sucede mediante la expedición y uso no autorizado de documentos y datos personales para fines ilícitos, y la realizada a través de medios electrónicos que buscan obtener esta información sin consentimiento del titular. En ambos casos, una vez que la víctima denuncie el delito ante el banco o la entidad financiera, y aporte las pruebas pertinentes de la suplantación, la entidad deberá activar un protocolo especial para suspender inmediatamente el cobro de las obligaciones o deudas generadas fraudulentamente.

Además, la legislación ordena a los bancos y entidades solicitar a DataCrédito y otras centrales de riesgo la eliminación del reporte negativo asociado a la deuda que la persona no contrajo. Este proceso se mantendrá hasta que haya un pronunciamiento judicial definitivo que confirme o descarte la suplantación. En caso de comprobarse la suplantación, el afectado quedará exonerado de cualquier cobro y, por el contrario, si se determina que la denuncia fue falsa, se reanudarán los cobros con intereses y se restablecerán los reportes negativos.

Para detener el cobro de cuotas y eliminar el reporte negativo, la persona afectada deberá presentar una solicitud formal ante la entidad donde se originó la deuda, acompañada de los documentos que demuestren la suplantación. Posteriormente, deberá interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional por delitos relacionados como falsedad personal y documental. La entidad financiera evaluará las pruebas y colaborará con las autoridades en la investigación judicial.

Esta ley representa un avance significativo en la protección de los consumidores frente al delito digital y la suplantación de identidad, problemáticas que han aumentado con el uso masivo de datos personales en servicios financieros y comerciales. Según la Corte Constitucional, esta normativa es constitucional y busca mitigar el impacto negativo que sufren las víctimas en su historial crediticio y economía personal.

De esta forma, Colombia establece mecanismos claros para que aquellos afectados por fraudes digitales tengan un procedimiento sencillo y efectivo para recuperar su estabilidad financiera y evitar repercusiones injustas derivadas de delitos cometidos en su nombre.

Redacción ColombiNews

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