COLOMBIA, Agosto 24 de 2026. La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla Zerrate, junto con la gerente de Inravisión, Ángela Mora, revelaron irregularidades en la contratación en la entidad que habrían desviado recursos públicos destinados a la educación para financiar propaganda digital durante la campaña presidencial de 2026.

Entre los contratos analizados, destaca un convenio con el Ministerio de Educación por un valor de 10.000 millones de pesos, del cual aproximadamente 6.362 millones se usaron para pagar servicios de pauta y contenido digital entre junio y agosto, meses clave en el proceso electoral. Las empresas beneficiadas fueron 3D MOBILE 3DM SAS con 1.364 millones y PROWESS SAS con casi 5.000 millones.

Adicionalmente, un convenio interadministrativo con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) por 1.500 millones de pesos destinó 892 millones para pago de plan digital en marzo y en el periodo de campaña de junio a agosto.

Estos hechos significan que más de 7.200 millones de pesos provenientes del Ministerio de Educación y la Vicepresidencia se destinaron a servicios digitales, privilegiando la pauta en meses electorales, lo que genera cuestionamientos sobre el uso prioritario de recursos públicos en sectores socialmente sensibles y con dificultades financieras.

La investigación en Inravisión, donde en 2026 se suscribieron más de 1.051 contratos por más de 100.000 millones de pesos, continúa con el acompañamiento solicitado de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para evaluar el cumplimiento normativo y presupuestal.

Las autoridades cuestionaron la falta de rigor y austeridad frente al gasto público, y si los proyectos de pauta digital realmente beneficiaron a poblaciones o mejoraron condiciones en territorios específicos, dado que esos recursos debían dirigirse a educación y programas sociales.

Por el momento, la revisión minuciosa de los procesos contractuales seguirá abierta, mientras expertos y organismos de control examinan las implicaciones legales y administrativas de estas operaciones, en un contexto de fortalecimiento de la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Redacción ColombiNews

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