COLOMBIA, Agosto 6 de 2026. Un proyecto de ley presentado por la senadora Claudia Margarita Zuleta, del Centro Democrático, propone modificar las regulaciones de la contratación interadministrativa para endurecer los requisitos y poner fin a los llamados “contrataderos” dentro de las entidades del Estado. La iniciativa plantea fortalecer los controles y limitar la intermediación en la contratación directa, buscando mayor transparencia y protección de los recursos públicos. La propuesta, que será evaluada por la Comisión Séptima del Senado y cuenta con el respaldo de diversos sectores políticos, plantea cambios a la Ley 80 de 1993. Uno de los puntos centrales es la incorporación de un nuevo numeral en el artículo 25 de dicha ley, que obligaría a las entidades estatales a acreditar la idoneidad, capacidad técnica, operativa y económica de los contratistas antes de formalizar un contrato interadministrativo. Según el proyecto, solo podrán celebrar contratos las entidades que cuenten con experiencia comprobada y la capacidad para ejecutar directamente los objetos contractuales sin depender de terceros o esquemas de tercerización laboral. La senadora Zuleta afirmó que la tercerización vulnera principios como la libre competencia y la transparencia, además de ser un mecanismo en que se pueden perder recursos públicos. Aunque el proyecto busca endurecer las condiciones para el acceso a esta modalidad de contratación, reconoce que la contratación interadministrativa es válida para la gestión estatal, siempre y cuando se implementen controles más rigurosos para evitar la intermediación y garantizar el cumplimiento eficiente de los contratos. El objetivo es que los recursos públicos asignados lleguen correctamente y sean ejecutados por entidades con capacidad real. Como parte de la iniciativa, se contempla la creación de un Registro Público de Entidades Habilitadas para la Contratación Interadministrativa, gestionado por Colombia Compra Eficiente. Este registro tendrá la función de verificar que las organizaciones interesadas cumplan con las condiciones técnicas, económicas y administrativas necesarias antes de acceder a contratos directos con el Estado. El proyecto de ley busca, así, hacer parte de una estrategia más amplia para combatir la corrupción y mejorar la administración de los recursos públicos en Colombia. Durante su trámite legislativo en la Comisión Séptima del Senado se discutirán las modificaciones propuestas, con la expectativa de que sirvan para fortalecer la transparencia, reducir la intermediación contractual y asegurar que la contratación directa se realice con entidades competentes y solventes. Redacción ColombiNews Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiNews. Navegación de entradas Abelardo De La Espriella desafía liderazgo de Álvaro Uribe y Centro Democrático tras victoria electoral Vicepresidente electo Restrepo destaca agenda bilateral en Cali previo a la posesión presidencial