COLOMBIA (Julio 29 de 2025).        La justicia colombiana emitió un veredicto histórico el 29 de julio de 2025, cuando una jueza de Bogotá halló culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno en actuación penal. Es la primera ocasión en la que un exmandatario del país recibe una condena penal tras un juicio público.

La magistrada Sandra Liliana Heredia, de la Jueza 44 del circuito penal de conocimiento, dictó el fallo tras una audiencia extensa que duró cerca de diez horas. Aunque absolvió a Uribe de un cargo adicional de soborno simple, concluyó que violó la ley al intentar manipular testimonios clave a través de intermediarios. El proceso, que se prolongó por casi 13 años, culmina el mismo año en que el expresidente podría enfrentar entre seis y doce años de prisión, con posibilidad de cumplir la pena bajo arresto domiciliario, dada su edad (73 años) y salud .

Según el reporte, el caso se originó cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por difamación en 2012. Pero la investigación se volcó contra Uribe en 2018, con acusaciones de que presionó a testigos, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que modificaran sus declaraciones sobre vínculos con grupos paramilitares. La magistrada también mencionó que hubo un “casting” para reclutar falsos testigos y desacreditar a los denunciantes, actuando en favor del acusado.

El fallo generó una fuerte polarización en Colombia. El partido Centro Democrático, liderado por Uribe, calificó la sentencia como un “lawfare” o persecución política judicial. Por su parte, opositores y defensores de la independencia judicial celebraron el veredicto como un avance institucional y un ejercicio firme del Estado de derecho .

A nivel internacional, figuras de la política estadounidense como los senadores Marco Rubio y Mario Díaz-Balart expresaron su solidaridad con Uribe, denunciando posibles motivaciones políticas detrás del fallo. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro defendió la autonomía del sistema judicial y resaltó la importancia de proteger la integridad de la justicia.

Este fallo marca un precedente en Colombia: es la primera condena penal contra un exmandatario mediante un proceso judicial completo. Desde 2002 hasta 2010, Uribe lideró un gobierno centrado en la lucha contra guerrillas y grupos paramilitares; ahora su legado enfrenta un giro judicial sin precedentes.

El proceso ha sido clave para garantizar el principio de rendición de cuentas, pero también ha intensificado el debate sobre la separación de poderes y posibles reformas judiciales propuestas por el uribismo.

La sentencia final se dará a conocer en una audiencia prevista para fines de julio o agosto, momento en que se definirá si Uribe cumplirá prisión efectiva o en arresto domiciliario. La defensa tiene un plazo para apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá, con la posibilidad de llegar hasta la Corte Suprema.

El fallo llega además en el contexto de la campaña electoral de 2026, en la que el Centro Democrático busca retener influencia política, mientras que el escenario judicial y político se entrelaza con la agenda electoral nacional.

Con esta decisión judicial, Colombia entra en una nueva era respecto a rendición de cuentas políticas. Al declarar culpable a un expresidente por manipulación de testigos, la justicia envía un mensaje contundente sobre la independencia y capacidad del sistema judicial. A su vez, el episodio reaviva debates sobre legitimidad institucional, gobernabilidad y repercusiones políticas de cara a los comicios venideros.

Fuente: Reuters

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